El pasado 21 de febrero se publicó en el B.O.E. la Ley 2/2023 de Obligado cumplimiento para empresas de más de 50 trabajadores, también conocida como “Whistleblowing”.
El objeto de la Ley es proteger a las personas que denuncien infracciones graves o muy graves a la ley y prácticas de corrupción. Así, todas las empresas deberán implementar un Canal de denuncias – “Canal Ético” o sistema de gestión y protección de los informantes, evitando represalias contra ellos.
Dicho “Canal Ético” deberá implementarse con carácter general antes del 13 de junio y hasta el 1 de diciembre de 2023 para empresas con menos de 250 trabajadores.
La Ley prevé como infracción muy grave el incumplimiento de la obligación de disponer de un “Canal Ético” para lo que establece como sanción multas de 600.001 a 1.000.000 de euros en el caso de las empresas.
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José Carlos Egea – Consultor Senior
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